Ante las acciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de la ciudad de Córdoba que, de manera unilateral redujo los salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales, en contexto de emergencia sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020, y toda la legislación derivada de la situación de emergencia que limita la posibilidad de modificar condiciones laborales y salariales de manera unilateral por el empleador, desde el Colegio de Profresionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba se expresó:
Que a pesar de este contexto absolutamente excepcional, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba el viernes 8 de mayo de 2020, trato y aprobó en Sesión Especial con cuestionamientos procedimentales de las bancadas opositoras, un proyecto que altera las pautas y conquistas salariales de los trabajadores municipales; y por tanto las correspondientes a los y las profesionales Licenciados/as en Trabajo Social que se desempeñan en el Estado Municipal.
Que la aprobación de esa ordenanza se dio bajo una modalidad profundamente antidemocrática: con el Concejo Deliberante vallado por la Policía de la Provincia de Córdoba y con un número importante de concejales que se habían retirado de la sesión y la imposibilidad de defensa gremial de los/las trabajadores directamente afectados.
Que Las medidas tomadas por la gestión del Intendente Martín Llaryora, violenta los derechos conquistados por los trabajadores municipales y lo hace en el marco de la pandemia mundial que estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de Marzo del corriente año.
En términos facticos, la medida implica una reducción salarial de manera temporalmente indefinida para los trabajadores, y una reducción por el término de tres meses para el Intendente y los Secretarios, haciendo que esto último parezca más un acto de simulación que una medida equitativa y solidaria con la crisis que vive la humanidad y Córdoba en particular.
Es de suma trascendencia destacar que la ordenanza en cuestión modifica la estructura orgánica y el escalafón profesional afectando directamente los derechos, las funciones y las tareas de los y las colegiados/as de la institución que representamos.
Es también, nuestro deber como Colegio de Profesionales encuadrados en la defensa de los derechos humanos, observar que ante tal avanzada sobre los trabajadores, se vulnera las políticas públicas del municipio, afectando directamente los derechos de los/las ciudadanos/as, particularmente de los sectores vulnerables socioeconómicamente y excluidos socio territorialmente de la ciudad.
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